¿Cómo evitar las sanciones de Hacienda? La presunción de inocencia

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Cada día, los medios de comunicacion se crean eco de casos de justicia ordinaria en los que presuntos culpables son absueltos por falta de pruebas suficientes. Se entiende que, si las pruebas de que existió un delito no son concluyentes, no existe condena. Es la llamada presunción de inocencia: todos hemos oído hablar de ella infinitas veces, entendemos qué significa, la tenemos interiorizada, la comprendemos y la vemos como algo obvio y racional para el correcto funcionamiento del estado de derecho. ¿Sí? ¿Seguro?

Pues, en el ámbito tributario va a resultar que no esta tan claro. Efectivamente, la enorme totalidad de contribuyentes e, incluso, muchos asesores, ven como normal que, tras una revisión en que les ha sido adaptado algún importe de su declaración impositiva y han tenido que pagar mas de lo principalmente declarado, Hacienda les declare “culpables” y les sancione sin una justificación demasiado elaborada de sus argumentos para ello.

 Y, eso, ¿por qué?

¿La justicia tributaria debe ser distinto a la ordinaria?

¿Hay alguna regla que elimine la presunción de inocencia cuando se intenta de impuestos? En absoluto. La presunción de inocencia es un derecho constitucional y, Hacienda, para poder sancionar, debe indicar la culpabilidad del contribuyente.  No puede bastar con dejar de ingresar un impuesto (o parte de él) para que la sanción, por esa conducta, sea automática. Esa, en todo caso, sería una condición necesaria, sin embargo no suficiente.

Múltiples sentencias de diversos tribunales se han declarado señalando que, en sus expedientes sancionadores, Hacienda debe dar las causas detalladas del motivo de la interposición de la sanción.

Para que pueda considerarse que existe culpabilidad, Hacienda ha de probar que la misma existe, ya sea por dolo o simple negligencia y, para ello, debe motivarlo, explicarlo, detallarlo y realizarlo patente adecuadamente en su expediente sancionador.

Según el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) y el Tribunal Supremo, a la Administración, para motivar las sanciones, no le basta, como llega creando casi sistemáticamente –por lo menos en sede de los órganos de gestión-  con manifestarse con generalidades, automatismos, estereotipos o expresiones del tipo: “analizadas las circunstancias concurrentes la conducta del obligado tributario ha sido negligente sin que se aprecie ninguna causa de exoneración de la responsabilidad”.

Tan claro lo tienen los tribunales que el TEAC considera que una motivación inspirada en juicios de precio o fórmulas generalizadas -como la transcrita anteriormente-, ni siquiera es subsanable, y que, una vez anulada una sanción por falta de motivación, la Administración no puede iniciar un nuevo método sancionador.

Lo indicado en el párrafo anterior es muy significativo porque, si bien es cierto que la interposición de bienes contra las sanciones es mucho menos fascinante desde la existencia, hace ya muchos años,  de reducciones de su importe por conformidad (30%) y pronto pago (25%), introducidas por el legislador para eludir la avalancha de sanciones que se recurrían con el simple objetivo de retrasar el pago (recordemos que las sanciones al ser recurridas permanecen de forma automatica suspendidas y no hay que pagarlas hasta la dimensión del recurso, el cual no se produce hasta pasados, en situaciones dos ó tres años); no es menos cierto que aguantar una sanción jamás es plato de buen gusto.

 Por tanto, antes de decidirse a pagar una sanción, analice si la motivación que figura en el expediente de la misma es suficiente. En caso contrario, valore interponer un recurso en vía de reposición o directamente al Tribunal Económico Administrativo correspondiente.

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