El anonimato, el cifrado y la obsesión por el control

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Las recientes demandas del Partido Popular en España en torno a una supuesta “eliminación del anonimato en las redes sociales”, expresadas por su portavoz, Rafael Hernando, a raíz de unas presuntas amenazas expresadas en Twitter® contra la Secretaria Primera de la Mesa del Congreso y presidenta del Comité Electoral Nacional del PP, Alicia Sánchez Camacho, no crean mas que reflejar una cuestión: que el Partido Popular no entiende la red. 

Partamos de la base de que el “calentamiento de boca” de Hernando procede de un analisis serio, consecuente y consensuado con su partido, y no de una simple reacción en caliente frente a los mensajes recibidos por su compañera: como ya comenté en el año 2011, el anonimato es y debe ser un derecho elemental en la red, y eso no es simplemente una palabra que diga yo, sino además, la opinion de entidades tan autorizados como la Electronic Frontier Foundation (EFF), que posee toda una atrayente sección de su pagina web(www) dedicada a la reflexión sobre el tema, o las Naciones Unidas, que afirman que el transcrito y el anonimato son componentes fundamentales a la hora de permitir que los individuos ejerciten su libertad de opinion y de expresión en la era digital, y que como tales, merecen una seguridad resistente y categórica. Hablamos, pura y simplemente, de un derecho fundamental, de un elemento importantísimo en la esencia de las sociedades democráticas: no se puede hablar de la eliminación del anonimato o de la prohibición del transcrito sin asumir de forma inmediata una significativo erosión en la calidad de la democracia de un país

Todos los que alguna vez hemos sido agredidos, acosados o insultados a través de la red experimentamos una necesidad inmediata de reaccionar, de contestar a la agresión de alguna manera. En varios casos, la respuesta se da a través del propio canal, cayendo en el manido don’t feed the troll que, lejos de ser una verdad absoluta, no deja de ser un simple aforismo con varios matices imprescindibles. Cuando también el agredido es un socio de la escena política con capacidad de operación sobre la legislación, la tentacion de “legislar en caliente” es inmediata, humana y comprensible. Pero no por ello menos censurable: al político debe exigírsele un mínimo de madurez, y una de las formas de indicar tal madurez es exactamente tratando de analizar todos los componentes implicados en una decisión.

El anonimato en las redes no puede ser eliminado salvo que se asuman infraestructuras gigantes y la creación de un entorno autoritario como el real en paises como China, convertida en la version corregida y aumentada del Gran Hermano imaginado por George Orwell en su “1984“. Pretender que las redes sociales asuman como propia el deseo de perseguir el anonimato de un gobernador es algo tan realista como cuando algún desinformado personaje, hace años, pretendía “hablar con Bill Gates para que pusiera la ñ en internet“. Las redes sociales, por mucho que tengan que crear su version dentro del marco legislativo determinado por los paises en los que actúen, no están para satisfacer los deseos de dominio del político de turno.

Las comparaciones habituales a los que los políticos recurren en varias situaciones tampoco sirven: el paralelismo entre “el huevo de Twitter”, ya eliminado y sustituido por otro formato en un intento de suprimir sus connotaciones negativas,y la foto de quien va por la avenida enmascarado no sirve como tal: la eliminación del anonimato sería comparable, mas bien, con una supuesta necesidad de presentar continuamente nuestra identidad con un cartel colgado del cuello o una etiqueta cosida en la ropa, algo solo exigible a aquellos que tienen encomendadas características que requieren un especial control, como los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. En la red, el anonimato como tal esta muy lejos de ser tan ubicuo como algunos piensan: los mecanismos que convierten a alguien en completamente anónimo son difíciles de poner en experiencia a un nivel tal que convierta la identidad de la persona en verdaderamente complicado de obtener. Ante la comisión de un delito y tras el requisito judicial correspondiente, son raros los casos en los que un cliente no puede ser identificado. Pero para ello tenemos que partir de una base fundamental: que exista un delito, y que un juez considere adecuado, proporcionado y justificado requerir la identificación de quien lo cometió.

Estoy completamente a favor de identificar, perseguir y condenar a todo aquel que cometa un delito en la red, siempre que efectivamente sea un delito y que un juez así lo determine. Condenar a quienes injurian, difaman, acosan o amenazan en la red es importante, porque eso nos convierte en una comunidad mas libre y evita que los matones sometan la conversación. Separar los delitos definidos por un juez de otras cuestiones fundamentales en una comunidad democrática, como el derecho a la parodia, a la ironía, al uso del humor en todas sus vertientes o a la crítica y el activismo es también fundamental, y debe ser considerado como algo muy importante, que no razones peligrar en una comunidad sana. Es significativo buscar, además, un resultado ejemplificador que, dentro de la lógica y la mesura, contribuya a la educación de la comunidad en un entorno relativamente innovador – ya no tanto, sin embargo concedamos que no de forma universal – como el de las redes sociales. Se tarda tiempo en enseñar a una sociedad, sin embargo se completa logrando si se usan las tools adecuadas.

Todo político y toda persona con camino al poder manifiesta de forma inmediata un deseo irrefrenable de control. La sensación de que, por ejemplo, suprimir el transcrito es una forma de eludir que los infractores se oculten es muy primaria y anuncia un desconocimiento profundo del funcionamiento de la red: si prohibimos el cifrado, estaríamos generando en 1° lugar un absurdo conceptual – no hay nada que debilite mas el prestigio de un político que la promulgación de leyes imposibles de cumplir – y, en segundo, provocaríamos que los infractores simplemente buscasen métodos mas sofisticados, ante lo cual nos quedaríamos vigilando y monitorizando a los que no lo son.

En las sociedades democráticas, debemos exigir a los políticos que actúen con la madurez bastante como para asumir que el dominio total es incompatible con la democracia, y que aquel que en una red social se comporta como un impresentable o un maleducado es porque la ley le permite, mientras no cometa un acto ilegal, ser un impresentable o un maleducado. La definición de lo que es o no delito es algo que procede de un profundo consenso social expresado a lo largo de varios años, y no puede ser revisada cada vez que algo nos resulta incómodo, ofensivo o molesto. No todo lo que no nos encanta o nos resulta enojado es un delito. Solo es delito lo que un juez determina que lo es, y pretender que todo aquel que recurre al anonimato o al uso de un pseudónimo lo hace con el fin de cometer delitos es de una inmadurez tal que, cuando se constata en un político, asusta. O razones asustar. El anonimato, como el cifrado, es un derecho elemental de las individuos en la era digital, y una cuestión enormemente compleja, con infinidad de matices que incorporan desde la libertad para ser popular por el nombre que uno desee, hasta la busqueda de seguridad contra prejuicios o agresiones de diversos tipos. Cada vez que veamos a un político exigir el fin del anonimato como una medida de trazo grueso, como si eso fuese la solucion a todos los males, deberíamos reaccionar rápidamente con el apropiado nivel de alarma: se comienza por ahí, y se completa por el liberticidio.

 


Enrique Dans



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