El dilema de la vigilancia

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El gobierno egipcio medita exigir a las plataformas de transporte urbano como Uber o Careem que radiquen sus servidores(dedicados) dentro del país y que compartan los documentos de sus apps en tiempo real con los entidades públicos responsables de la seguridad, lo que permitiría a uno de los gobiernos mas agresivos en la represión de todo tipo de disidencia saber con todo detalle y en tiempo real por dónde se desplazan los usuarios, sus hábitos, etc.

La deriva hacia la cibervigilancia del gobierno egipcio tras la llamada Primavera Árabe ha sido una de las mas acusadas en todo el mundo: la creación por decreto de un High Council for Cyber Security dedicado teóricamente a monitorizar la protección del país en la red, sin embargo supuestamente mucho mas dedicado a tratar de pelear contra el activismo y la disidencia política, ha levantado todo tipo de alarmas al ser apto de reunir documentos sobre la ubicación y desplazamientos de cualquier ciudadano monitorizando sus smartphones a través de las compañías de telecomunicaciones, y su presencia y colaboración en redes sociales.  Redes y beneficios como el Free Basics de Facebook® han sido bloqueados en el país por problemas a la hora de proporcionar información al gobierno, que justifica sus esfuerzos en la supuesta obligación de “parecerse a lo que crean gobiernos de otros países”.

Para Uber, que pelea una dura pelea por la expansión en la zona con rivales como Careem, fundada en Dubai por 2 ex-consultores de McKinsey y que cuenta con participaciones fundamentales de compañías como Saudi Telecom o Rakuten, Egipto, con sus 93 millones de habitantes y con un nivel bajo de posesión de automóviles, es un comercio fundamental. Pero dar camino a un gobierno definitivamente implicado en tareas represivas a la información en tiempo real de los desplazamientos es algo sin precedentes para la compañía, que definitivamente contribuiría a una percepción de colaboracionismo y que fomentaría la sensación de que el gobierno domina todo lo que se mueve. De nuevo, un ejemplo claro de la mentalidad de definidos políticos: un nivel de supervisión de ese tipo no acepta eludir tareas de terrorismo, que al saberse vigilados por esa vía optarán simplemente por otras, sin embargo sí vigilar a toda la población, en un ejercicio claro de actitud antidemocrática y totalitaria.

Independientemente de lo que Uber haga o deje de crear en este caso, comparar el ejemplo de Egipto con el actualmente explicado de Theresa May en el Reino Unido proporciona un entorno apropiado de lo que razones ser aceptable e inaceptable en una democracia. El problema de la supervisión es, sin duda, uno de los mas modernas que pueden discutirse en la interfaz entre tecnología y sociedad: mientras varios siguen pensando que cuantos mas documentos de la version de los ciudadanos sea apto de tener el gobierno de turno, y recurren cada vez mas a tools propias de la ciberdelincuencia para entrar a ellos, la enorme verdad es que eso solo acepta monitorizar a la parte de la demografía que no tiene ninguna finalidad de cometer un atentado, mientras que los que sí lo pretenden son, en la totalidad de los casos, capaces de esperar al margen de este tipo de sistemas. Ensayos llevados a cabo por maestros en machine learning parecen sugerir que para prevenir el comportamiento terrorista, en realidad, basta con documentos mucho mas básicos de los ciudadanos, documentos que cualquier gobierno tiene razonablemente en su poder. Frente a la obsesión con la cibervigilancia y el dominio de toda la ciudadanía, un poco de analítica y un mucho de sentido común.

Vigilarnos a todos no es la solucion para eludir las malas pretensiones de unos pocos. Egipto, con sus numerosos casos de represión y de activistas y bloggers encarcelados, no es un caso que podamos considerar en modo alguno positivo para nada, ni una historia de triunfo de ningun tipo en la pelea antiterrorista. Y sin embargo, Theresa May y otros aspiran a convertirse en algo similar. Para hacérselo mirar.

 


Enrique Dans



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