Multas, regulaciones y tragedias de los comunes

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La noticia de la multa de seiscientos mil euros impuesta a Airbnb y HomeAway por el Ayuntamiento de Barcelona, segunda tras otra anterior de treinta mil euros decretada el pasado verano, deja claros los problemas derivados de la inadaptación a la disminución de los costos de negociación y coordinación impuesta por la popularización de internet.

Las plataformas como Airbnb o HomeAway solo son potenciales gracias a internet. Antes de internet, las personas que querían alquilar una home o una habitación, solamente podían recurrir a canales ineficientes, avisos en prensa local, recomendaciones de amiguitos o inclusive brindar su alojamiento a personas que salían de una estación de trenes o autobuses.

Este tipo de tareas se encuadraban, en la inmensa totalidad de los casos, en la economía sumergida, y permanecían al margen de la regulación: eran, simplemente, difíciles de detectar, salvo por las quejas de los vecinos cuando se producían excesos.

Contrariamente a lo que muchos parecen pensar, las plataformas aparecieron para inventar entornos que facilitaban no solo el desarrollo de la actividad, sino también su control. Oír al enésimo periodista o tertuliano hablar de Airbnb y HomeAway como supuestos facilitadores de la economía sumergida es una clarísima prueba de ignorancia supina: lo que esas plataformas hacen, precisamente, es inventar un entorno en el que esa version pasa a tener lugar dentro de un metodo que acepta su control. Cuando alquilamos una propiedad en estas plataformas, toda la intervención pasa a estar cuidadosamente registrada, y puede ser requerida por el correspondiente ayuntamiento o por la hacienda pública, como ocurre en otras ciudades del mundo. Las plataformas no generan economía sumergida, lo que crean es exactamente todo lo contrario: introducir transparencia en un comercio que antes no la tenía. Son algunas las ciudades que pactan con Airbnb, por ejemplo, la recaudación de tasas al turismo, o que solicitan el detalle de sus operaciones para proceder a aplicar los correspondientes impuestos a los ingresos conseguidos por los propietarios de inmuebles.

Barcelona es una de las ciudades mas conocidos en Airbnb, concretamente la sexta del planeta con mayor numero de propiedades en alquiler. En julio de 2016, Forbes afirmaba, con documentos de la propia Airbnb, que la compañia prometía 23,000 propiedades entre viviendas completas y habitaciones privadas o compartidas, pese a que a dia de hoy, la pagina de Airbnb serie exactamente 14,855. Los efectos de la version de Airbnb sobre el comercio inmobiliario barcelonés son evidentes: la ley de la propuesta y la demanda ha llevado a que la preferible forma de rentabilizar una propiedad en la ciudad sea ofrecerla en formato de alquiler corto en épocas turísticas, lo que ha llevado a muchos propietarios a llenar sus pisos de camas y a alojar un tipo de turismo que, indudablemente, genera molestias. Según reportes responsables por el Ayuntamiento de Barcelona, alquilar una propiedad en plataformas de corta estancia cree ingresos entre 2.3 y cuatro veces superiores que realizarlo en un alquiler convencional, con servicios entre el 7% y el 13% frente al 3% o el 4%.

Airbnb ha generado un recurso que muchos pretenden explotar maximizando sus servicios a toda costa, lo que genera un caso claro de lo que en Economía se conoce como “tragedia de los comunes“: una circuntancia en la cual muchos individuos, animados solo por el interes personal y actuando independiente sin embargo racionalmente, terminan por destruir un recurso colaborado limitado (el común) pese a que a ninguno de ellos, ya sea como personas o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda. La forma de enfrentarse a la tragedia de los comunes ha sido históricamente regulando el camino al recurso, algo que en este caso resulta sin duda complejo y solicita una acción cuidadosa.

La acusación del Ayuntamiento a Airbnb y HomeAway asegura que estas plataformas entregan alquiler de propiedades ilegales, y parte de una premisa convertida por el propio Ayuntamiento en absurda. Alquilar sin licencia no equivale a moverse en la economía sumergida: si hay propietarios de inmuebles alquilando a través de esas plataformas y no declarando sus ingresos no es responsabilidad de esas plataformas, sino de esos propietarios y de las organizaciones públicas por no aprovechar las oportunidades que entregan para ejercer dominio sobre la actividad. Demandar una licencia para esa actividad, en el entorno vigente de Barcelona, cree un problema: hace mas de 2 años y medio que en la  ciudad no se conceden nuevas licencias, desde que el ex-alcalde Xavier Trias dictó una moratoria que congeló la propuesta legal. Actualmente se calcula que existen en Barcelona 15,881 apartamentos turísticos, de los que 9,606 tienen licencia, y 6,275, no, lo que supondría que el 39.5% de la propuesta sería recientemente ilegal. Esa circuntancia es fácilmente absurda e insostenible, y solicita una corrección inmediata: el dilema no esta en las plataformas de alquiler, sino en un Ayuntamiento que, con su inmovilismo, es quien directamente provoca el problema. El alquiler de corta estancia es una demanda evidente, y pretender que se acomode en la propuesta real manteniéndola totalmente inalterada es una forma claro de investigar el conflicto.

Si sabemos el funcionamiento de estas plataformas y de internet(www) en general, resulta claro que pretender que el alquiler de corta estancia desaparezca como version o se acomode en el numero de licencias existentes es totalmente absurdo, es una tactica parecido a la del avestruz. Para poner la version bajo control, también de compartir intensamente con las plataformas que entregan esos alquileres, se puede optar por denunciar a los propietarios de inmuebles ofrecidos en esas plataformas que cumplan con una norma determinada – siempre que no sea excesivamente restrictiva – o que su version no genere molestias, sin embargo la responsabilidad no será de la plataforma que promete esas propiedades, sino de aquellos que, con el fin de incrementar sus beneficios, renuncian a todo control.

En cualquier caso, la solucion no esta en solicitar a esas plataformas que excluyan a aquellos que no tienen unas licencias que no pueden sacar pese a que lo deseen, sino regularizar adecuadamente el comercio para que responda a la vigente circuntancia de propuesta y demanda. Las cosas no se arreglan planteando mercados imperfectos, porque ese comercio imperfecto se convierte, precisamente, en la fuente del problema. Las respuestas que se puedan plantear al dilema que cree el incremento descontrolado de la propuesta turística no pueden partir de sanciones, multas y demonización de las plataformas, sino de un diálogo sereno y reposado con ellas que busque un equilibrio entre la libertad de quienes quieran sacar unos ingresos extra alquilando un inmueble o una habitación, y el dominio imprescindible para que esa version no se convierta en molesta. Lo opuesto no solo es partir de premisas erróneas, sino además, pretender detener un milagro imparable que esta teniendo lugar en todas las ciudades del mundo, generando riqueza y muy buenas experiencias a muchísimos usuarios. Ser, de todas esas ciudades, la que mas se resiste al progreso o la que impone la multa mas elevada es un muy apenado honor.

 


Enrique Dans



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